domingo, 9 de marzo de 2014

La Santa Inquisición (II). España.

En España, la Inquisición se instauró en 1478, dos siglos y medio después de su puesta en funcionamiento en el resto de Europa, cuando los Reyes Católicos estaban terminando la Reconquista de los territorios peninsulares que aún estaban en manos musulmanas.

Los Reyes Católicos ansiaban la unidad nacional y dadas las diferencias lingüísticas y legislativas de los distintos territorios pertenecientes a sus coronas, encontraron un punto de unión en la religión católica, pero a menudo se encontraban con el obstáculo del poder económico que poseían los judíos conversos, que abastecían las deficitarias arcas del reino a cambio de prebendas y privilegios.

De esta manera, Isabel encontró un móvil religioso: librar a sus territorios de falsos conversos, y Fernando uno político y económico: por una parte la confiscación de los bienes de conversos llenaba las arcas de la Corona y por otro lado, los procesos inquisitoriales le permitían sortear las limitaciones reales en los Fueros de Aragón.

Así, en 1478, el papa Sixto IV permitió a Fernando de Aragón designar los clérigos que iban a llevar a cabo la labor inquisitorial, hecho excepcional, pues en el resto de Europa, estos clérigos eran designados por el papa directamente.

En 1480, los Reyes Católicos eligieron Sevilla, la ciudad más poblada del reino para presentar el Tribunal.

El 6 de febrero de 1481 se celebró el primer auto de fe y fueron condenados seis conversos, entre ellos el hombre más rico de la ciudad (Diego Susón) y el terror se instauró.

Pero el Tribunal perseguía la herejía, la traición al bautismo, por lo que judíos que no se habían convertido y moriscos, seguían representando un problema. Esto provocó que surgieran todo tipo de razones para apoyar la expulsión de estas comunidades.

Primero fue la orden de expulsión de los judíos en 1492. Esta orden supuso un gran número de conversiones, por lo que después y, a pesar de los acuerdos de respeto a las tradiciones y religión de los nuevos súbditos tras la toma de Granada, se comenzaron campañas de proselitismo contra la población morisca que finalmente, en 1525, bajo el reinado de Carlos V, terminó en una orden de expulsión del territorio. 

En el siglo XVI, prácticamente todos los habitantes de la Península eran católicos, por lo que el Tribunal comenzó a ampliar sus persecuciones hacía las malas costumbres, acaparando competencias de los tribunales civiles y empezó a perseguir otros colectivos como los extranjeros, lo luteranos o desviaciones de comportamiento como la sodomía, la bigamia, la usura o la brujería, convirtiéndolos en delitos contra la fe cristiana.