sábado, 9 de noviembre de 2013

El lado oscuro de los Planes de Pago a Proveedores (II)

Vistas las peculiaridades "jurídicas" del Real Decreto-ley 4/2012 en la parte I de este breve y somero análisis, ahora voy con los efectos inminentes que va a tener para la mayor parte de los Ayuntamientos de España.

En nuestro país hay algo más de 8.000 municipios, casi 7.000 de los cuales son inferiores a 5.000 habitantes, de manera que voy a explicar las consecuencias del RD-l con un ejemplo imaginario, pero muy cercano a la realidad de la mayoría de estos municipios.

Nuestro Ayuntamiento se llama X, tiene 2.500 habitantes y un presupuesto anual que asciende a 1.200.000 euros.

Tras la publicación del RD-l, el Alcalde decide acogerse al Plan de Pago a Proveedores, a pesar, seguramente, de ser advertido por los técnicos correspondientes de que no es recomendable. 

El primer paso es sacar un listado de todas las facturas que hay pendientes de pago.

Las primeras son fáciles, todas aquellas que están reconocidas en la contabilidad, después, puesto que el RD-l ha abierto la puerta, se añaden todas aquellas que por los motivos que sea, no están aprobadas.

Una vez terminada la relación, resulta que la deuda que el Ayuntamiento X tiene pendiente de pago a acreedores asciende a 700.000 euros, es decir, casi un 60% de su presupuesto anual. 

Esto os puede parecer descabellado, pero como expuse al principio de la parte I, con el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis, los recursos se vieron fuertemente reducidos, mientras que los gastos a penas fueron minorados, este es el resultado de tan pésima gestión y del fallo recurrente de los mecanismos de control externos.

El siguiente paso, una vez sacado el importe de la deuda total, es hacer un Plan de Ajuste a diez años, plazo en el que debe amortizarse el préstamo que se va a concertar para hacer frente a estos pagos.

El plan de ajuste va a contener todas las medidas políticas fiscales y de cualquier otra índole que se van a llevar a cabo en ese periodo para garantizar la estabilidad presupuestaria. Es decir, por un lado contendrá las medidas que garanticen ingresos suficientes y, por el otro, las medidas políticas que ajustarán los gastos a los ingresos que se prevé obtener.

En España ha sido una práctica habitual que los políticos, ante la entrada de ingresos suficientes a través de impuestos como el de Construcciones, Instalaciones y Obras, que no tiene contraprestación alguna, hayan congelado las tasas de otros servicios como la recogida de basuras, entradas a espectáculos o las matrículas de escuelas de idiomas o actividades deportivas durante años, a pesar de la subida del coste de estos servicios.

Con este plan de ajuste, se hace necesaria una revisión de todos estos servicios, es decir, ajustar las tasas que se cobran por su prestación a los costes reales de los mismos. De ahí la inmensa subida del importe de las tasas que se han producido durante el ejercicio anterior y este en el que nos encontramos.

El plan de ajuste se remite al Ministerio de Hacienda, este si lo ve viable lo aprueba y listo, el Ayuntamiento X concierta un préstamo por 700.000 euros con la entidad Y (cuatro posibles elegidas por el Estado) con dos años de carencia (esto es que durante los dos primeros años no se hace amortización de la deuda, solo se pagan intereses), a un 6% de interés (a pesar de los bajos históricos del euribor) y paga todas las facturas pendientes.

Explicado someramente el mecanismo, voy con la conclusión.
A partir del ejercicio 2015, primer año completo en el que hay que hacer frente a las cuotas del préstamo una vez terminado el periodo de carencia a mitad del ejercicio 2014, un porcentaje muy importante del presupuesto va a ir destinado a este fin.

La consecuencia inmediata es que las inversiones (mejoras en acerados, construcciones de instalaciones, reformas de edificios o infraestructuras, etc.) van a tener que ser reducidas o eliminadas por completo.

La tesorería, tras el pago de la cuotas trimestrales correspondientes, va a sufrir graves desfases, es decir, se va a quedar sin liquidez para cubrir gastos corrientes mensuales del tipo del pago del servicio de recogida de basuras, la limpieza viaria, la facturación de la luz del alumbrado público o la telefonía.

Y, por último, aunque van a ser más, muchos de los servicios prestados hasta ahora cuyos precios eran asequibles para todo el mundo porque su coste era asumido en gran medida por el Ayuntamiento, o bien van a dejar de prestarse por no ser viables o bien van a costar bastante más caros a los usuarios, con lo que van a dejar, igualmente, de ser viables.

Casualmente, la Reforma de la Administración Local que se prevé entre en vigor a a partir del ejercicio 2015, establece que todos aquellos servicios básicos que no puedan ser asumidos por el Ayuntamiento, pasarán a manos de las Diputaciones Provinciales (nidos, hasta ahora, de colocaciones de políticos).
Mucho me temo, y espero equivocarme, que la continuidad de este Gobierno (que parece que no da puntada sin hilo) y la vigencia de las normas que está aprobando, van a reducir la Administración Local, la más cercana, por otra parte, al ciudadano, a una mínima expresión. Eso sí, la banca nunca pierde.

Y termino, con una frase de mi amigo David, que me parece de lo más apropiada para el caso "...la politica es de por si decadente, hasta que derrumba la estructura desde dentro...".

domingo, 3 de noviembre de 2013

El lado oscuro de los Planes de Pagos a Proveedores (I)

España, años de bonanza, despliegue del gasto público, llegada de la crisis, importante minoramiento de los recursos públicos, continuidad en el ritmo de gasto por parte de los políticos que gestionan las Administraciones locales, resultado: un gran número de facturas sin pagar a empresas y empresarios.

Ante la situación descrita arriba, el Gobierno fundamenta la extraordinaria y urgente necesidad de establecer un mecanismo que palíe la deuda que los Ayuntamientos, Diputaciones y demás entidades del Sector Público Local tienen con terceros, pues en algunos casos, no la mayoría, la subsistencia de estos acreedores depende de que los entes públicos les paguen las deudas que tienen contraídas con ellos, y, haciendo uso de la potestad legislativa que le otorga la Constitución, emiten el Real Decreto-ley 4/2012 (RD-l en adelante), mediante el que establecen lo que se viene a llamar el primer Plan de Pago a Proveedores, cuya finalidad es facilitar liquidez a las Administraciones públicas para que puedan hacer frente al pago de las facturas pendientes.

Hasta aquí, la verdad es que parece una medida más que acertada y necesaria, pero no es oro todo lo que reluce, como bien dice nuestro refranero.

A través de este RD-l el Gobierno:

1.- Impide la intervención previa de los órganos de control internos de toda aquella factura que no los haya pasado hasta ese momento (facturas del cajón en nuestro argot, que normalmente están ahí por su dudosa legalidad).

2.- Para que esto sea posible, exime al Interventor (el citado órgano de control interno) de su responsabilidad.

3.- El punto 1 y 2 lo lleva a cabo legislando una excepción de cumplimiento a una norma vigente (art. 188 de la TRLRHL)

Artículo 5.Efectos de la expedición de certificados.
La expedición tanto de las relaciones certificadas como de los certificados individuales
conllevará la contabilización de las obligaciones pendientes de pago, en caso de no
estarlo, sin que esto suponga responsabilidad del interventor en los términos previstos en
el artículo 188 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

4.- En el art. 9.2 hace elegir al proveedor o contratista que haya llevado a los tribunales la demora en el pago entre continuar el largo y tedioso proceso judicial o cobrar el principal de la deuda, olvidarse de cobrar intereses y asumir las costas judiciales y cualquier otro gasto accesorio. 

Artículo 9. Efectos del abono de las obligaciones pendientes de pago.


2.El abono a favor del contratista conlleva la extinción de la deuda contraída por la
entidad local con el contratista por el principal, los intereses, costas judiciales y
cualesquiera otros gastos accesorios.

5.-  Finalmente, habilita a las Administraciones locales para la concertación de una operación de endeudamiento a largo plazo (préstamo) para cubrir este desfase de liquidez en la Tesorería. Una vez más legisla contrariando de nuevo al RDL 2/2004, el que, su art. 199, establece que para cubrir esta escasez se puede acudir a una operación de tesorería, es decir, una operación de endeudamiento a corto plazo, en ningún caso a largo.


Artículo 10.Operaciones de endeudamiento.(RD-l 4/2012 - Plan de pago a proveedores)
1.Las entidades locales podrán financiar las obligaciones de pago abonadas en el
mecanismo mediante la concertación de una operación de endeudamiento a largo plazo
cuyas condiciones financieras serán fijadas por Acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos.


Artículo 199 Gestión de la tesorería (RDL 2/2004 TRLRHL)
1. Las entidades locales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de esta ley, podrán concertar, con cualesquiera entidades financieras, operaciones de tesorería para cubrir déficit temporales de liquidez derivados de las diferencias de vencimientos de sus pagos e ingresos.

¿Cómo ha sido posible que el Gobierno haya salido sin un solo arañazo cometiendo tales violaciones al Derecho y sus principios? La respuesta es muy sencilla, ha contentado a todos los actores.

Los empresarios cobran, los órganos de control se ven eximidos de su responsabilidad, los Presidentes de las entidades locales pueden pagar las deudas con los réditos electorales que eso conlleva y la oposción, entre tanta felicidad, no va a ser quien ponga la nota discordante.

Algunos, mirando más allá, nos echamos las manos a la cabeza, por tal violación del Derecho y por los efectos secundarios que en breve se harán visibles y que dejo para una segunda parte.